La Fiscalía de Atacama comunicó cargos a cinco imputados a quienes indaga por su participación en los hechos que forman parte de la carpeta investigativa de la causa denominada Fundación Comprometidos. Esto por un proyecto que debía ejecutarse en la comuna de Tocopilla en la Región de Antofagasta.
La argumentación de los antecedentes contenidos en esta causa comenzó el pasado lunes ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, ocasión en que la Fiscalía expuso cada uno de los antecedentes referidos a la participación de los imputados en la asignación de proyectos y adjudicación de importantes montos de dinero por parte del Gobierno Regional de Antofagasta. Zona en que el proyecto se denominó “Control de Población Canino y Felino”.
En la audiencia el Ministerio Público argumentó el resultado de las diligencias realizadas junto a la Bridec y la Brilac de la PDI, mencionando la actuación individual de los cinco indagados, tres de ellos funcionarios públicos. “El trabajo de la Fiscalía de Atacama y su Unidad de Causas Complejas ha sido extenso y absolutamente detallado, tanto para los casos registrados en Atacama, que en la actualidad mantiene a dos personas en prisión preventiva, como en los proyectos investigados en las regiones de Antofagasta y Arica y Parinacota. Entendiendo que los casos en que se investigan posibles actuaciones ilegales en materia de delitos económicos resultan siempre complejos de investigar por la naturaleza de sus actos”, indicó el vocero de la Fiscalía de Atacama, Juan Fernández.
En la audiencia de formalización se comunicó que la Fiscalía investiga la ejecución de los delitos de administración desleal, lavado de activos y fraude al fisco, argumentando la posible participación de los investigados en los hechos, frente a lo cual el Juez de turno decretó un plazo de 60 días para la investigación.
Respecto de las medidas cautelares, el Juez de turno estimó que con los antecedentes argumentados por la Fiscalía se dieron por acreditados los delitos de administración desleal y lavado de activos, no así el fraude al fisco, en relación con los funcionarios públicos a quienes no se aplicaron cautelares, mientras que en contra de un particular se decretó el arraigo nacional y la firma mensual ante la Fiscalía.
Sobre ello, Fernández mencionó que la Fiscalía de Atacama analizará jurídicamente los antecedentes contenidos en la resolución del Tribunal para estudiar la posibilidad de apelar respecto de la solicitud de cautelares hecha por la Fiscalía y que no fue acogida por el Juzgado de Garantía.